Ambientalistas repudian proyecto de ley

Más de una docena de agrupaciones ambientalistas acordaron durante el fin de semana en Ponce organizarse para derrotar un proyecto de ley presentado por el presidente de la Cámara, Edison Misla Aldarondo, que pondría en peligro todo esfuerzo por conservar el ambiente en Puerto Rico.

El proyecto de ley que, según los ambientalistas tendrá funestas consecuencias para el medio ambiente y retrasará la política pública ambiental unos treinta años, fue presentado por Misla Aldarondo el pasado once de marzo.

De acuerdo a datos ofrecidos por la oficina del senador independentista Rubén Berríos, este proyecto, conocido como PC 1581, implica drásticos cambios en el proceso de consulta ambiental.

Entre otras disposiciones de la propuesta de ley, las vistas públicas sobre proyectos que impactan el ambiente se harían solamente a discreción de las agencias de gobierno pertinentes, y sólo después de aprobados los proyectos; y municipios, agencias gubernamentales, corporaciones públicas y empresas privadas podrían producir sus propias declaraciones de impacto ambiental (DIAs) para ellas mismas decidir si sus propios proyectos hacen daño al ambiente.

El proyecto tiene también disposiciones sobre acceso público a copias de DIAs que para propósitos prácticos las hacen casi confidenciales. Líderes de la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales apoyan esta legislación alegando que el proceso de conseguir permisos para proceder con obras de infraestructura es demasiado largo, lento y arbitrario. Esta alegada ineficiencia y falta de confiabilidad por parte de las agencias crea un clima de inseguridad que ahuyenta inversionistas y pone a Puerto Rico en una posición desventajosa en el mercado global,según ellos han expresado.

A esto añaden argumentos de que los ambientalistas detienen el progreso y que es impropio que se usen criterios de protección ambiental para detener proyectos de gran necesidad social.

Entre los proyectos de desarrolladores que litigadores ambientalistas retan actualmente en los tribunales se encuentran el Superacueducto; la planta de carbón de la AES, en Guayama; el complejo turístico Columbus Landing, en Aguadilla; el vertedero de Browning Ferris Industries, en Salinas; y la Comunidad Monterrey y la urbanización Las Orquídeas, ambas en Vega Alta.

"Hay planteamientos ambientales que parecen responder a agendas que no tienen nada que ver con protección del ambiente", declaró a CLARIDAD Richard Markus, asesor de Misla Aldarondo.

Markus, quien fue uno de los principales redactores del proyecto PC 1581, alegó que "ciertas organizaciones ambientalistas se benefician del status quo" y que "los únicos que a la larga se benefician de lasintermi nables batallas legales que éstas causan son los abogados".

El sector ambientalista conoció de la existencia del proyecto 1581 a través de un seminario ultraexclusivo llevado a cabo el viernes 13 de este mes bajo el auspicio de la Asociación de Industriales. Dicha actividad tuvo el propósito de formular estrategias para cabildear en favor de la aprobación de este proyecto de ley.

A dicho seminario asistieron abogados de la división ambiental del poderoso bufete Fidler González & Rodríguez, representantes de la Cámara de Comercio y de la compañía AES, al igual que consultores como Santiago Vázquez, asesor del Concilio de Infraestructura y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Del bando ambientalista, se ha confirmado que estuvo presente Evelyn Moreno, del Grupo Coordinador Alianza Ambiental. También asistió uno

de los asesores de Rubén Berríos. Ambos sonaron la alarma entre los grupos ecologistas, informándoles lo discutido en el seminario.

¿Quién está detrás de esta legislación?

Según se ha determinado, Santiago Vázquez y el licenciado Eduardo Negrón Navas, jefe de la división ambiental de Fidler González, fueron los principales presentadores en la actividad. Esto ha llevado muchos ambientalistas a concluir que ellos participaron junto con los asesores de Misla Aldarondo en la redacción del proyecto de ley en cuestión.

* El ingeniero Santiago Vázquez, fue secretario de Obras Públicas bajo Luis Ferré, tiene una larga historia de enfrentamientos con ambientalistas. Vázquez es conocido como "el padre del Superacueducto", ya que en los setenta propuso que se construyera un gran acueducto que le diera la vuelta a toda la isla.

Dos décadas después, su firma de consultoría, CSA, realizó la DIA del Superacueducto y concluyó que éste no hará daño significativo al ambiente.

CSA también hizo la DIA del vertedero que BFI pretende establecer en Salinas, y también lo recomendó favorablemente.

* Fidler González es uno de los bufetes latinoamericanos más grandes especializado en representar a corporaciones transnacionales. A través de sus oficinas en Estados Unidos ha representado a varios clientes corporativos en sus negocios en Sur y Centroamérica.

Sus clientes en Puerto Rico incluyen algunos de los peores contaminadores del medio ambiente, como BFI, AES, CORCO y numerosas empresas farmacéuticas.

Durante muchos años, grandes bufetes como Fidler González, McConnell Valdés y Goldman Antonetti han intentado cambiar las leyes y regulaciones ambientales para hacerlas más favorables a sus clientes corporativos.

* La Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales siempre han apoyado los grandes proyectos de infraestructura por encima de las objeciones de grupos ambientalistas. En todos los asuntos que atañen al sector empresarial, ya sea la sindicación de empleados públicos o el proyecto de lactancia, ambas instituciones han asumido intransigentes posiciones de línea dura en favor de los intereses comerciales e industriales.

Los ecologistas responden

El pasado sábado se reunieron en Ponce de diez a quince organizaciones ambientalistas para discutir cómo combatir el proyecto 1581 hasta evitar que sea aprobado por la Legislatura. A dicho encuentro se presentaron miembros de Despertar Cidreño, la Comisión de Asesoramiento Ambiental del PIP, el Grupo Asesor Socio-Ambiental, Ciudadanos en Defensa del Ambiente, Misión Industrial, y el Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, entre otras agrupaciones.

Los presentes acordaron crear un comité timón para convocar una reunión amplia con otras organizaciones de la sociedad civil, incluyendo sindicales, estudiantiles y religiosas, para explicarles que el proyecto de ley impacta a todos los sectores de la sociedad, no sólo a los ambientalistas.

Wilfredo López, de Misión Industrial, insta a toda la ciudadanía a oponerse al proyecto 1581, el cual describe como "el colmo de la arrogancia y el empache de poder de algunos sectores desarrollistas que creen que pueden hacer lo que les dé la gana."

Lirio Márquez, del Grupo Asesor Socio Ambiental, ve la medida legislativa como "un intento de poner todo el proceso de permisos de construcción en función de los intereses del sector privado".