CABORROJEÑOS DEFIENDEN ECOLOGIA Y CULTURA Carmelo Ruiz Marrero    Cabo Rojo, pueblo de Betances y del pirata Cofresí, se enfrenta a enormes presiones desarrollistas por parte del gobierno y de grandes empresas que desean explotar el potencial turístico de su frente marítimo. Según el grupo Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, el desarrollo turístico se está dando sin consideración a los factores ambientales y el bienestar económico de la comunidad. En los últimos años los ambientalistas han logrado detener proyectos en el suroeste que consideraban destructivos, como Marina Costa Azul en Lajas, el condo-hotel Vista del Mar en La Parguera, y Marina de Villa Taína en Boquerón. Pero los desarrolladores, ayudados por las agencias del gobierno, siguen empeñados en construir megaproyectos turísticos en el suroeste de la isla. Los activistas caborrojeños sostienen que estos nuevos desarrollos violan leyes ambientales locales y federales y van en detrimento de la ecología, la salud pública y la economía de Cabo Rojo. Lo que buscan es un ecoturismo sustentable que preserve los recursos naturales y aporte a la economía local. Las presiones de desarrollo turístico en el suroeste de la isla recaen mayormente sobre la Bahía de Boquerón, la cual recibe un millón de visitantes al año. En la costa de la bahía, justo al norte de la laguna de Boquerón, está en pleno proceso de construcción el Boquerón Marina and Beach Resort, un proyecto de 50 villas con muelles. Los ambientalistas caborrojeños se opusieron debido a la destrucción de mangle y humedales que conllevó la construcción. De hecho, 75% de los bosques de mangle de Puerto Rico ya han sido destruidos.   Los oponentes del proyecto ponen en duda los supuestos beneficios de este proyecto. "En ese proyecto no hay un fin social, sólo el fin recreativo de una elite, ya que las casas ahí son de $458,000 en adelante. Los caborrojeños que perdieron sus techos por el huracán Georges nunca podrán ir a vivir allí", plantea Efrén Pérez, presidente de Caborrojeños Pro Salud y Ambiente. Según el semanario Caribbean Business, algunas de las villas del Boquerón Marina and Beach Resort llegan a $600,000. En la bahía hay bacterias coliformes fecales y cloro residual, lo cual indica un problema de manejo de aguas negras. Estos contaminantes provienen mayormente de la laguna de Boquerón, la cual recibe los embates más brutales de la contaminación ambiental. La laguna, que es un refugio de manatíes y aves y gran productora de ostiones, recibe contaminación de varias fuentes: los lixiviados de un viejo vertedero municipal; residuos de pesticidas que vienen por el canal de desagüe del valle de Lajas; contaminación por escapes de hidrocarburos de las embarcaciones de la Unidad Marítima de la policía y del cuerpo de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, cuyas oficinas están enclavadas a la orilla; y descargas de plantas de tratamiento que reciben aguas negras del balneario de Boquerón y de poblados cercanos. Estas plantas apenas funcionan, ya que reciben siete veces la cantidad de aguas negras que pueden tratar, dicen los miembros de CPSA. Jetskis en la laguna Boquerón Añadiendo a los problemas de la laguna está una recién construida rampa para jetskis. Para construirla, se destruyeron 75 metros cuadrados de mangle y se talaron 6 cuerdas de vegetación para darle paso al estacionamiento. Caborrojeños Pro Salud y Ambiente recomendaron al Departamento de Recursos Naturales (DRN) otra localización más propicia para la rampa, pero el Departamento se empeñó en ponerla en la laguna. Los activistas se opuesieron a su ubicación en la laguna, entre otras razones, debido al peligro de que los jetskis impacten a los manatíes. Además, esos vehículos motorizados contaminarán la laguna todavía más y aumentarán la turbidez de las aguas, el ruido que hacen hará la zona menos atractiva para turistas, y los carros y el estacionamiento contaminarán el área con bitumul e hidrocarburos. Y si se usa el lugar para competencias de jetski, se puede esperar que se empeore el ya existente problema de tapones en las carreteras 100, 101, 103 y 307. Y encima de todo esto, la rampa no cuenta con facilidades sanitarias, ni agua ni electricidad. El faro Pero la gestión ambientalista en Cabo Rojo también ha cosechado éxitos. En 1994 CPSA formó la fundación Salvemos El Faro, para rescatar del olvido y proteger de los desarrollistas al predio de 250 cuerdas donde se encuentra el faro Los Morillos. Esta estructura histórica se encuentra en la punta Cabo Rojo, la cual es el punto más sudoccidental de Puerto Rico. El faro, rodeado de árboles milenarios que crecen casi horizontalmente debido a la furia de las ráfagas de viento, se encuentra sobre un promontorio que ofrece una impresionante vista de las salinas, la Sierra Bermeja y las costas sur y oeste de la isla. El faro, que comenzó operaciones en 1882, fue transferido en 1898 a la Guardia Costanera de Estados Unidos. En los 60 cesó operaciones y fue abandonado. En 1986 fue transferido al municipio y dejado a la merced del olvido y el vandalismo, hasta que la Fundación Salvemos el Faro comenzó su labor de educación acerca del valor de esta antigua estructura. El área que rodea el faro tiene un gran valor ecológico. Sirve como refugio de aves autóctonas y migratorias procedentes de Alaska y Canadá. Se han identificado allí 118 especies de aves, varias de ellas en peligro de extinción, como es el caso de la mariquita. Otras especies en peligro que ahí residen incluyen el lagarto de rabo azul, el carey y el manatí. Además, se han descubierto nada menos que 28 yacimientos indígenas.   Las propuestas para preservar el faro y sus alrededores incluye restaurar el edificio, instalar un centro de visitantes, un restaurante, veredas interpretativas, veredas para bicicletas, un paseo tablado, un museo, torres de observación de aves, una biblioteca con salón de proyección y espacios para la investigación científica. La Fundación Salvemos el Faro ya cuenta con el apoyo financiero del gobierno municipal de Cabo Rojo, de agencias de los departamentos de comercio y de agricultura de Estados Unidos, el National Trust for Historic Preservation, la Guardia Costanera, el DRN, el departamento de transportación y obras públicas y el senado de Puerto Rico. "Trabajamos por la vía de la no confrontación. Nos esforzamos por cultivar buenas relaciones con todas las agencias públicas, pero cuando vemos negligencia la denunciamos públicamente", expresó Griselle Rodríguez, bióloga y miembro de CPSA.