Las falacias de la incineración  Carmelo Ruiz Marrero / Noviembre de 1998    El gobierno de Puerto Rico procede con sus planes de construir incineradores para resolver la crisis de desperdicios sólidos, a pesar de las advertencias de los ambientalistas. En Puerto Rico se producen casi 10,000 toneladas de basura diarias, según varios estimados. Decenas de vertederos fueron cerrados en años recientes por no poder cumplir con las nuevas reglamentaciones federales. De la treintena que actualmente opera, la gran mayoría deberá cerrar dentro de pocos años. Y para colmo, el Plan Regional de la Autoridad de Desperdicios Sólidos para cumplir con las reglamentaciones federales está en la cuerda floja y a punto de colapsar. Los proponentes de la incineración han determinado que ésta es la mejor hora para proponer la quema de basura como alternativa. En testimonio ante la comisión de asuntos urbanos e infraestructura del senado en noviembre de 1998, Juan Rosario, experto en desperdicios sólidos de Misión Industrial, y Carlos Maysonet, profesor de la escuela de gerencia ambiental de la Universidad Metropolitana, pronosticaron nefastas consecuencias para la ecología, la economía y la salud pública de implantarse en Puerto Rico la incineración de desperdicios sólidos. Según Rosario, los argumentos en favor de la incineración que se oyen hoy día "son los mismos con los que se ha vendido la incineración desde 1895, cuando se instaló el primer incinerador en Alemania. En cien años de experiencia nunca han podido cumplir sus promesas."   ¿Cómo se justifica la incineración en términos económicos? Según los documentos del Plan Regional de la Autoridad de Desperdicios, esta opción costará $55 por tonelada de basura. Pero Rosario señala que en 1991 el incinerador del condado de Warren del estado de Nueva Jersey costaba $95 por tonelada. A esto se le debe añadir un reciente fallo judicial en Estados Unidos, que requiere que las cenizas que producen los incineradores sean sujetas a pruebas de toxicidad. Si la toxicidad de estas cenizas excede los criterios federales, entonces deben ser dispuestas como deshechos peligrosos. El portavoz de Misión Industrial planteó a los senadores que "en ese caso los costos de capital para las instalaciones para disponer de cenizas aumentarían dramáticamente y así mismo los costos de disposición". En respuesta a los planteamientos de proponentes de la incineración de que sus facilidades cumplirán con reglas ambientales tan estrictas como las de Holanda, Rosario ripostó que "El último incinerador que se montó en Holanda, en 1995, para quemar 2,000 toneladas de basura diarias, costó $600 millones. A ese precio las del plan costarían $870 millones y las que se han propuesto en esta comisión costarían casi $1,500 millones. ¿Quién va a pagar eso? Obviamente los ciudadanos, quienes tendrían que pagar alrededor de $160 millones más al año para que se dispongan de sus residuos."   El ambientalista de San Lorenzo explicó que la incineración es una tecnología sumamente inflexible, ya que los enormes costos de capital requieren que se procese diariamente la cantidad de residuos para los cuales la planta fue diseñada. "Esto es tan crítico que en todos los contratos de incineradores se incluye una cláusula llamada "put or pay", que obliga a los municipios contratantes a suministrar la cantidad de basura acordada o tienen que pagar la diferencia. Esto equivale a que estamos obligados a generar basura para que el incinerador sea viable económicamente."   ¿Son inofensivos a la salud los incineradores, como alegan sus proponentes? Según Rosario, para 1990 el número total de sustancias peligrosas identificadas en las emisiones y cenizas de los incineradores era de 217. Estas incluyen gases ácidos, como óxidos de nitrógeno y azufre, que causan lluvia ácida; elementos como arsénico, cadmio, mercurio y plomo; y sustancias tóxicas como benzofuranos e hidrocarburos. Estos peligros a la salud son tan extremos y evidentes que el estado americano de Rhode Island y la provincia canadiense de Ontario prohibieron la construcción de incineradores, informó Rosario a la comisión. Peligra la industria lechera   El portavoz de Misión Industrial advirtió que la experiencia de Europa con la incineración demuestra que ésta tendrá consecuencias desastrosas para la industria lechera en Puerto Rico:   "En enero de 1,998 se ordenó el cierre de tres incineradores en Lille, al norte de Francia, porque habían contaminado la leche de los productores locales. En marzo de de este mismo año se encontró que el incinerador de Maubeuge, también al norte de Francia, estaba emitiendo 1,000 veces más dioxina que los estándares. En ambas ocasiones la leche tuvo que ser decomisada." Rosario también mencionó que en 1989 se tuvo que decomisar leche producida en Rotterdam, Holanda, por estar contaminada con dioxina de un incinerador cercano. "Yo le pregunto a esta comisión y a los productores de leche de Puerto Rico, ¿Vamos a jugar ruleta rusa con la industria lechera del país? ¿Quien va a querer en el futuro comprar sus productos? No es sólo la leche de vaca la que se contamina. En Suecia en 1985 se emitió una advertencia a las madres de que si viven cerca de un incinerador no deben lactar a sus bebés porque su leche materna podría estar contaminada con dioxinas. Lo mismo ocurrió en Alemania un par de años después." ¿Cuales son las alternativas, entonces? Maysonet expresó que hace falta envolver a las comunidades, la industria y el comercio para conjuntamente diseñar estrategias para el manejo de desperdicios sólidos, encaminadas a estimular el reúso, la composta y el reciclaje. Se requerirá un esfuerzo de proporciones similares a las de la operación "Manos a la Obra", señaló el profesor.   Rosario enumeró a los senadores una serie de principios en los cuales se debería basar una política sensata de manejo de recursos y desperdicios. Entre éstos, que las comunidades sean el eje en la implantación de modelos, el desarrollo de empresas comunitarias propiedad de sus trabajadores para disponer de desperdicios, que los residuos sean dispuestos en el mismo municipio donde se generan (hasta donde sea posible), y que en la ubicación de los lugares de disposición final de los residuos no recuperables no se discrimine contra comunidades pobres.