Protesta hemisférica contra privatización telefónica 

Carmelo Ruiz Marrero / agosto de 1998

Los voceros del gran capital, los ideólogos de la nueva derecha y los líderes del partido de gobierno nos dicen hasta la saciedad que la huelga de los telefónicos y la huelga nacional de 48 horas contra la privatización son una aberración. Dicen ellos que el mundo se mueve en dirección opuesta: hacia los mercados libres y abiertos y hacia la reducción del tamaño del estado. Según este discurso neoliberal, las protestas contra la privatización son un anacronismo bochornoso causado por ciertos sectores socialistas de antaño que no están al tanto de la realidad internacional.  

Sin embargo, la privatización de las telecomunicaciones ha provocado grandes protestas por toda América Latina, de proporciones similares a las que se han visto en Puerto Rico. Contrario a lo que nos dicen los proponentes de la privatización, la protesta boricua es parte de un movimiento de oposición que llega hasta Suramérica.

En mayo de 1994 la compañía Telefónica del Perú, S. A., fue vendida en un 35 porciento a Telefónica Internacional S. A. (TISA), compañía española que es aquí dueña mayoritaria de Telefónica Larga Distancia y competidora de GTE en la compra de nuestra Telefónica. Como parte de la venta, TISA posee un contrato para administrar a Telefónica del Perú.

¿Fue la entrada de TISA lo mejor para Perú? Los abonados y los trabajadores ciertamente no lo creen así.  

El 14 de agosto del año pasado se llevó a cabo una masiva marcha de protesta contra los abusos que la recién privatizada compañía telefónica comete contra sus empleados y clientes, entre éstos: costos indebidos, alzas extravagantes en las tarifas, enriquecimiento voraz a costa del pueblo peruano, política antiobrera e incumplimiento de obligaciones contractuales.

Entre las obligaciones contractuales que los administradores españoles violaron de manera descarada está la sexta cláusula del contrato: respetar la estabilidad laboral, salvo en casos de faltas graves o retiros voluntarios.

 Esa cláusula no ayudó en nada a la fuerza trabajadora. La compañía privatizada despidió sobre 6500 empleados, más de la mitad de la nómina.

TISA ha recurrido a una diversidad de tácticas para burlar la sexta cláusula. Por ejemplo: unas supuestas evaluaciones de desempeño y productividad descritas como "amenazantes", "retiros voluntarios" que son el producto de brutales métodos de presión sicológica, y programas de empleo juvenil. En estos últimos se sustituyen los empleados regulares por jóvenes que trabajan por propinas.

Los empleados telefónicos peruanos denuncian que se les está forzando a trabajar en jornadas extendidas so pena de despido. Por supuesto, si TISA no hubiera hecho despidos masivos, las jornadas extendidas no serían necesarias.

En un comunicado de prensa publicado el mes pasado, los sindicatos telefónicos peruanos informan que "La conducta antilaboral de Telefónica, que repercute directamente en la calidad del servicio, no se compara con la velocidad con que ha recuperado su inversión, y ha obtenido y sigue cosechando las mayores tasas de rentabilidad como lo demuestran sus balances anuales de los que tanto se ufanan."

En respuesta a estos abusos, el 15 de julio se realizó simultáneamente en las calles de Lima y otras ciudades peruanas la Gran Marcha Telefónica de Protesta, en la cual los empleados telefónicos y sectores progresistas repudiaron la política antiobrera de oídos sordos de TISA.

La situación de los empleados telefónicos peruanos llegó a la atención de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la cual representa a 125 millones de trabajadores por todo el mundo. Bill Jordan, secretario general de la CIOSL, escribió una carta personal al presidente de la Telefónica del Perú para expresarle su preocupación por el maltrato a los empleados y para informarle que la Confederación se solidariza plenamente con las acciones y decisiones de los sindicatos telefónicos. 

La privatización de las telecomunicaciones está ahora llegando a Brasil, donde la venta del sistema telefónico está en proceso. Esta privatización tiene gran importancia a nivel mundial, no sólo por la suma de dinero sino por sus aspectos económicos, sociales y políticos. El que una empresa de ese tamaño pueda ser privatizada augurará bien para el proyecto neoliberal en América Latina, en particular en el campo de las telecomunicaciones.

El gobierno de Fernando Henrique Cardoso dividió la compañía en doce unidades para facilitar la venta. El valor total del sistema, según el gobierno, es de $11,600 millones. La izquierda brasileña sostiene que ese precio es absurdamente bajo y que éste obedece al interés de Cardoso en apurar la transacción para poder usar el dinero en su próxima campaña electoral. 

Por lo menos cien empresas nacionales y extranjeras participan en la subasta para privatizar el sistema telefónico, incluyendo a TISA, la compañía italiana Stet, France Telecom, Portugal Telecom, Bell Canada y firmas estadounidenses como MCI y AirTouch, al igual que fondos de pensión e inversionistas brasileños.

Para facilitar la privatización, el gobierno brasileño instituyó drásticas medidas de seguridad para la subasta, incluyendo la movilización de miles de efectivos de la policía y la contratación de unos 400 abogados para combatir las docenas de demandas radicadas por grupos opuestos a la privatización.

En Colombia también protestan los sindicatos contra la privatización de la compañía de teléfonos. El gobierno respondió declarando ilegal el que alguno de los tres sindicatos colombianos del sector de telecomunicaciones se vaya a la huelga contra la privatización.

Ya en 1992 el gobierno había declarado ilegal una huelga de telecomunicaciones y la catalogó como un acto de terrorismo. Trece dirigentes sindicales fueron arrestados, enjuiciados y encarcelados por un año antes de que se retiraran los cargos fabricados contra ellos.

La definición de terrorismo del gobierno colombiano está establecida en el decreto #180, que data de 1988. Esta ley impone penas de hasta 20 años de prisión por interrumpir servicios como energía, transportación y comunicaciones.

Según el boletín de solidaridad Colombian Labor Monitor, "La prohibición de actividades sindicales bajo estas circunstancias deja a los sindicatos especialmente vulnerables a los ataques de los escuadrones de la muerte. Miles de dirigentes y activistas sindicales han sido asesinados en Colombia en los últimos diez años."

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